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| Imagen ilustrativa generada por IA. |
SERVIPRESS / ALICANTE - ESPAÑA / JURÍDICOS - Documentación notarial independiente certifica que la empresa aseguró haber borrado el correo de un extrabajador en 2022, pero un año más tarde la cuenta volvió a estar plenamente operativa y recibiendo mensajes.
- Ni el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante ni la Audiencia Provincial se han pronunciado de forma expresa sobre esta contradicción técnica, denunciada formalmente en el proceso penal.
Un nuevo escándalo digital viene a sumarse al ya dilatado historial de controversias de la mercantil alicantina Digiman Alicante S.L. (conocida comercialmente por portales como rotuloselectronicos.net y ledvolution.com). Documentación técnica y certificados notariales independientes revelan que la compañía dio por suprimida una cuenta de correo electrónico asociada a un exempleado en 2022, para comprobarse posteriormente que la dirección volvió a ser reactivada de forma injustificada un año más tarde.
El rastro digital: de la inexistencia a la reactivación
El conflicto se remonta a la extinción de la relación laboral de un trabajador de la compañía, formalizada en octubre de 2019. A raíz de una solicitud de acceso a datos personales de carácter privado interpuesta por el trabajador, se abrió un periplo judicial para esclarecer el manejo irregular de sus comunicaciones.
- Agosto de 2022 (Supresión certificada): Mediante un informe de la plataforma de comunicación certificada Codicert (con identificador 005vuzpo5sp), se constató que un envío dirigido a la cuenta corporativa vinculada al afectado (xxx@rotuloselectronicos.net) arrojaba un estado "Fallido", especificando explícitamente el servidor de destino que “La dirección de Email no existe”. Esto concordaba con la tesis de que la cuenta había sido dada de baja.
- Julio de 2023 (La "resurrección" de la cuenta): Exactamente un año después, un nuevo certificado notarial de Codicert (005zk9411cu) demostró un giro radical. Al realizar una prueba técnica para comprobar si la cuenta seguía activa, el mensaje se procesó correctamente, fue entregado al servidor de la empresa e incluso generó avisos y acuses de lectura automatizados, evidenciando que la dirección de correo seguía operativa hasta 45 meses después de la finalización de la relación laboral del afectado y sin justificación legítima alguna.
El silencio judicial en los autos de archivo
Esta llamativa anomalía técnica formó parte central del procedimiento penal instruido en las Diligencias Previas 960/2022 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante. Tras dictarse un auto de sobreseimiento provisional, la representación legal del afectado interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En dicho recurso se advertía con contundencia procesal:
“Pero es que además, constan en autos certificados de entidades neutrales que acreditan la recepción de correos a una cuenta corporativa, si bien que identifica a mi mandante (pedro@rotuloselectronicos.net) hasta 45 meses después de la finalización de la relación laboral y sin ninguna razón que lo justifique”.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la evidencia aportada mediante sellos temporales y depósitos notariales, tanto el juzgado instructor como la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante —en su Auto nº 110/2025— resolvieron confirmar el archivo provisional sin emitir ningún pronunciamiento expreso ni motivación jurídica que aclarara por qué una cuenta supuestamente eliminada en 2022 volvió a cobrar vida operativa en 2023.
Un nuevo eslabón en la opacidad corporativa
Este episodio de manipulación y pervivencia irregular de credenciales digitales se alinea con el rosario de expedientes, sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), fraudes a la Seguridad Social y condenas judiciales firmes que acumula Digiman Alicante S.L..
La revelación de este nuevo caso pone de relieve las deficiencias en la tutela de los derechos digitales de los trabajadores y la escasa trazabilidad en la gestión de activos informáticos por parte de empresas que, pese a acumular sanciones e incumplimientos normativos demostrados documentalmente, continúan operando en el mercado y obteniendo adjudicaciones públicas
Fuente redacción: Pedro José Masià Samper





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